Jueves 25 de Octubre del 2018

La presidenta del CAA confía en que los avances en la protección de la ciudadanía contenidos en la Ley Audiovisual andaluza se extiendan a la legislación básica

Los expertos en regulación coinciden en la necesidad de establecer criterios transnacionales para garantizar de forma efectiva la protección de derechos fundamentales ante las nuevas formas de consumo audiovisual

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Los desafíos que para la protección de la ciudadanía representa la nueva forma de consumo y comunicación audiovisual deben afrontarse de forma transnacional con la coordinación y asunción de medidas regulatorias comunes por parte de todos los países europeos. Es una de las conclusiones de las jornadas organizadas por el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), entre el lunes y el martes en el Parlamento andaluz, en las que intervinieron académicos e investigadores del ámbito de la regulación, del Derecho y de la Comunicación procedentes de instituciones europeas.

La presidenta del CAA, Emelina Fernández, destacó precisamente la coincidencia en el tiempo de la entrada en vigor de la Ley Audiovisual de Andalucía con la aprobación de la reforma de la Directiva europea de Servicios Audiovisuales.  Respecto de la primera, destacó los avances que supone en protección de derechos respecto de la Ley básica que "a nuestro juicio se queda un poco obsoleta", dijo. En este sentido, destacó las limitaciones que prevé la norma andaluza a la publicidad del juego online -al prohibirla en horario protegido- y confió en que este impulso contagie la legislación básica para que se pueda regular esta situación en el resto de España.

Así, recordó que la Ley Audiovisual de Andalucía aumenta la franja reforzada del horario de protección de menores en televisión, amplía asimismo la cuota de programación accesible de las televisiones autonómicas hasta el 100% y hasta un 75% para las locales. Y por primera vez establece medidas de accesibilidad para las radios autonómicas, que deberán difundir subtitulada su programación a través de sus canales de TDT o de internet.

Las restricciones a la publicidad del juego y las apuestas online es otra de las preocupaciones del CAA que recoge esta ley, según destacó Fernández, así como las herramientas que habilita para combatir la ocupación ilegal de frecuencias de TDT y que representan una verdadera amenaza económica para el audiovisual andaluz.

Otra de las medidas previstas en la nueva norma andaluza se refiere al impulso desde las instituciones públicas de la alfabetización mediática. Un asunto sobre el que el Consejo viene insistiendo como uno de los instrumentos más eficaces para incrementar la capacidad crítica de los ciudadanos. En este sentido, la presidenta del CAA recordó su apuesta por incorporar esta disciplina al sistema educativo.

La necesidad de armonizar los marcos regulatorios nacionales y europeos, así como concretar las formas de regular la comunicación a través de internet, fueron algunas de las conclusiones más unánimes a lo largo de estas jornadas que abordaron también la función de servicio público en los medios, el respeto a la igualdad y otros derechos fundamentales como la presunción de inocencia o el honor.

En este sentido, Lubos Kuklis, presidente del Grupo de Reguladores Audiovisuales Europeos (ERGA), abordó las novedades que supone la reforma de la Directiva Europea de Servicios Audiovisuales recién aprobada. Destacó que los los servicios recogidos en esta norma marco son de carácter transnacional, por lo que, apuntó, la cooperación entre los estados miembros es de gran importancia para poder lograr un impacto real como reguladores en la protección de la ciudadanía.

Kuklis se refirió así a desafíos emergentes como las noticias falsas o los algoritmos que rigen las redes sociales, cada vez más una fuente de información para la opinión pública: "No existe un informe que compare las normas que tienen los miembros de la UE. Si queremos atajar el problema de la desinformación tenemos que analizar la legislación de los países miembros", y apostó por armonizar las leyes en varios ámbitos, entre ellos, las relativas a la protección de los menores.

Los medios europeos no aprueban el examen de pluralismo

En la misma línea de cooperación trasnacional de las autoridades reguladoras se centró la exposición de Elda Brogui, coordinadora científica del Centro de Pluralismo y Libertad en los Medios, del Instituto Universitario Europeo. Brogui expuso las conclusiones de un amplio informe realizado por su organización que abarca una noción amplia del pluralismo y parte de un análisis sobre protección básica del pluralismo, puesto que analiza el mercado, la independencia política de los medios y finalmente la inclusión social.

Así, reveló que la propiedad de los medios está muy concentrada en la mayoría de los países europeos, lo que otorga a esta categoría un nivel de riesgo medio, el mismo que obtiene la categoría relativa a la independencia política. En este sentido, destacó que sus informes demuestran que los intereses políticos tienen una gran influencia en los medios de comunicación. En el apartado de inclusión social, el informe refleja la puntuación más alta de riesgo, especialmente en el indicador de medios y mujeres, que es el que presenta la peor puntuación de todos.

Por su parte, Marisa Soleto, jurista feminista especialista en políticas públicas en materia de igualdad, centró su intervención en la igualdad como derecho constitucional en los medios, cuyo cumplimiento calificó de "brindis al sol". Así, recordó que pese a que la legislación española establece que los medios de comunicación no pueden discriminar, y también lo hacen los códigos deontológicos de la profesión periodística, estas premisas se incumplen sin consecuencias para los infractores.

Ante la defensa de la autorregulación por parte de los medios de comunicación privados, Soleto apuesta por la corregulación, el sometimiento voluntario al cumplimiento de una serie de normas, y la rendición de cuentas, como la mejor solución. En este sentido, destacó la necesidad de que en este sistema se establezca un régimen sancionador en el que las licencias de emisión estén directamente relacionadas con las infracciones en cuestiones básicas de derechos humanos.

El servicio público amenazado por la ocupación de las 'telecos'

Francisco Manuel Campos Freire, profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Santiago de Compostela, centró su ponencia en el servicio público de comunicación de las radiotelevisiones públicas, donde destacó como principal reto la inclusión de internet en estas funciones. Otros desafíos relevantes para la función de servicio público de los entes de radiotelevisión está en la financiación que, dijo, ahora no es independiente ni está garantizada. "La independencia de la financiación [de la radiotelevisión pública] debe ser sostenible, idependiente, plurianual y previsible, y ahora no lo es", subrayó.

También se refirió a la competencia de las televisiones por el espacio radioeléctrico con las grandes operadores de telecomunicaciones. "En junio 2020 España va a producir su segundo apagón digital. Con el primer apagón hubo una pérdida de peso y de influencia de la televisión pública porque hubo una pérdida de canales". Ante este escenario, Campos Freire alertó sobre el hecho de que ninguna ley obliga a las plataformas de comunicación y de telecomunicaciones a incluir a las televisiones públicas en su oferta de canales de televisión. "Algunas plataformas las incluyen, pero si en algún momento deciden que no las meten, no pasa nada", dijo.

Por su parte, la consejera del CAA Cristina Cruces centró su exposición en la relación de la ciudadanía con los medios audiovisuales y su opinión sobre los mismos que arroja el Barómetro Audiovisual de Andalucía que cada año elabora el Consejo. Así, recordó que ni la televisión, la radio o Internet aprueban valores como la imparcialidad para los ciudadanos. Cruces destacó la unanimidad en la crítica ciudadana ante la ausencia de un verdadero sistema que proteja a los menores como audiencia y sus intereses en cuanto a programación. También destacó que cerca del 80% de la población considera necesaria la regulación del audiovisual.

Regular el secreto judicial y la teoría de la 'transparencia deslumbrante'

El consejero del Consejo Consultivo de Andalucía y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, Ángel Rodríguez-Vergara, abordó otros derechos como el de réplica, rectificación, la presunción de inocencia, el derecho al honor o la intimidad en los medios. En su opinión, cualquier información que tenga por objeto alguien procesado por una infracción va a incidir en sus derechos procesales, y defendió una regulación dirigida a operadores jurídicos que sobre lo que denominó "el fenómeno de la defensa mediática".

"Una de las conquistas de la Ilustración fue acabar con el secreto de los juicios en el Antiguo Régimen. Pasamos de un principio de justicia regida por el secreto, a uno regido por la publicidad", recordó el catedrático. Sin embargo, advirtió de que la justicia se ha convertido en una fuente de entretenimiento en los medios de comunicación. Y explicó lo que denominó "teoría de la transparencia deslumbrante". "Nada más complejo que un proceso judicial, y al hacerlo transparente, lo simplificamos", concluyó. Por otra parte, se mostró a favor de regular de nuevo el secreto en los asuntos que se están juzgando. "La investigación judicial, que es una fase previa, que debería estar dominada por el secreto o la discreción, prácticamente se hace de forma pública", lamentó Rodríguez-Vergara.

Cuando las plataformas privadas regulan competencias públicas

Joan Barata, investigador del Center for Internet and Society, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford, centró su ponencia sobre el derecho a la información y la libertad de expresión en las nuevas tecnologías de la información. Barata reflexionó sobre la constatación de una progresiva nacionalización de la regulación de la libertad de expresión en un momento en el que la comunicación tiene cada vez más un carácter transnacional.

En su opinión, planteamientos genéricos sobre la regulación de internet no son útiles, y apostó por regular de forma particular las actividades que se desarrollan a través de internet, ya sea el comercio, la comunicación, etc. Si bien, alertó sobre cómo afecta esta cuestión a los actores intermediarios: las grandes plataformas como Google, Facebook o Twitter. "Hay quien concibe estos espacios como un espacio privado de libertad de expresión, mientras que las plataformas conciben su actividad como un negocio que no tiene por qué amparar la libertad de expresión. Ahí hay una tensión, porque nos planteamos hasta que punto una entidad privada ha de respetar la libertad de expresión como sí debe hacer un Estado", dijo.

Barata explicó que en la UE existe una tendencia a imponer obligaciones de supervisión y monitoreo a estas plataformas, como por ejemplo, el derecho al olvido. La nueva directiva de Servicios Audiovisuales contiene una previsión para que plataformas de vídeo online garanticen que determinados contenidos audiovisuales no se encuentren a disposición del público. "La directiva delega así potestades reguladoras en una plataforma privada. De manera que es posible que una plataforma privada establezca unas normas internas y las aplique y sea ella la que interprete el concepto del discurso del odio, terrorismo, etc. Que interprete muchas cosas que deben ser competencia de una institución pública", planteó el experto.

Rosa Cobo Bedia, profesora de Sociología del Género de la Universidad de A Coruña, abordó las medidas de promoción de la igualdad en los medios audiovisuales. Los medios -dijo- difícilmente se distancian críticamente del dominio masculino, a no ser que hayan nacido específicamente con esa visión crítica. Y explicó que la dimensión sexista de los medios se significa con escasa presencia de mujeres en puestos de decisión y su ubicación en secciones menos prestigiosas.

También aludió a los estereotipos sexistas que contienen los mensajes y la publicidad de los medios de comunicación. Para ello, citó una frase de Juan Gallego, profesora de periodismo, especialista en género y comunicación y directora del Observatorio para la igualdad de la Universidad Autónoma de Barcelona: "Las mujeres son representadas como objetos observados mientras que los varones son representados con sujetos que actúan". Cobo consideró imprescindible que todo el sistema educativo, desde educación infantil, primaria, secundaria, hasta los estudios superiores, incluyan formación en desigualdad, y con perspectiva de género.

Alfabetización mediática: horizonte clave de toda regulación

Mientras que el catedrático de Periodismo y Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona, José Manuel Pérez Tronero, defendió la alfabetización mediática como un horizonte clave de toda regulación, no solo audiovisual sino política en general. En cuanto a la regulación del audiovisual, defendió un salto cualitativo "hacia el valor del respeto a la dignidad de todo, como clave sustancial y como base para la concertación".

"Solo así -dijo-, habrá una nueva televisión pública con alma, con participación de la gente, de los periodistas, con el objetivo de transformar a las personas y recuperar el sentido de la rebelión crítica", dijo, el catedrático que apeló a las televisiones públicas para que no renuncien "a lo que fue su función capital que era la formación". Pérez Tornero defendió un avance social, de la consecución de derechos realizativos, como el de la educación o la sanidad, a otros como el de la alfabetización mediática "que la ciudadanía sea crítica".

La consejera del CAA Carmen Fernández Morillo centró su participación en la imparcialidad y veracidad informativa. En su opinión, se deberían introducir los conceptos de imparcialidad, rigor y honestidad informativa frente a los de neutralidad y objetividad, para cumplir lo que establecido en la Constitución sobre el derecho a información veraz. La consejera apostó por intensificar la regulación relativa la imparcialidad informativa que procure instrumentos a las autoridades reguladoras para restituir situación cuando un medio público o privado vulnera este derecho fundamental de la ciudadanía.

Recuperar la Cultura como eje central del servicio público en radiotelevisión

Finalmente, Enrique Bustamante, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Complutense de Madrid e investigador distinguido de la Universidad de Málaga, centró su exposición en la promoción de la cultura en los medios audiovisuales desde la perspectiva de la identidad y la industria. Bustamante arrancó destacando el papel democrático de cohesión social que tiene la comunicación y la cultura. Y en este marco, situó a la radio y la televisión como plataformas de promoción de la cultura y como grandes centros de producción de contenidos simbólicos (audiovisuales, sonoros, literarios…).

El catedrático recordó que la radiotelevisión pública, como elemento de difusión cultural, vivió una etapa de oro en los años 80, para deteriorarse en los 90, hasta caer en una importante devaluación en los 2000. "Cada vez más presionada por la lucha por la audiencia y la presión de las operadoras privadas hacia el comercio y el mercado puro", dijo. Respecto a la relación entre la televisión y el cine, criticó la falta absoluta de una concepción de cultura popular y su papel en la innovación en España, en contraste con el modelo tradicional en apoyo a la industria europea del cine.

Bustamante cuestionó también el modelo de financiación establecido en la Ley entre las televisiones privadas y el cine porque, lamentó, supone que prácticamente nadie que no tenga el apoyo de los dos grandes grupos audiovisuales consigue viabilidad para sus proyectos.

Y concluyó alertando de las consecuencias sociales de la pérdida de peso crucial de la cultura, también en el ámbito digital, agravado con la crisis económica desde 2008: "Así como la desigualdad económica ha tenido graves consecuencias en Europa, la desigualdad cultural contra la diversidad es de una enorme gravedad y pasa desapercibido". En su opinión, es preciso recuperar la articulación indisoluble entre políticas de comunicación y políticas de cultura. "Debemos pensar de nuevo la ubicación de la televisión pública ligada sospechosamente al área de Presidencia del Gobierno y vincularla a los departamentos de Cultura".

Bustamante reivindicó asimismo una "auténtica autoridad reguladora del audiovisual", y volver a contratos marco. "Hay que recuperar el eje central de la cultura como elemento vital del servicio público". "Los recursos economistas que dicen que la CNMC es más ahorrativa, olvida la doble cara del audiovisual, su especificidad, olvida la incapacidad de las autoridades de competencia para regular cuestiones que escapan del mercado.