Martes 20 de Marzo del 2018

La presidenta del CAA valora las medidas de protección de la ciudadanía previstas en el proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía

Emelina Fernández comparece ante la Comisión parlamentaria para realizar aportaciones al texto de la norma que tramita la Cámara autonómica

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Emelina Fernández, presidenta del CAA en el Parlamento de Andalucía

La presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Emelina Fernández, ha valorado muy positivamente las medidas incorporadas al proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía en materia de regulación y de protección de los derechos de la ciudadanía en el marco de la comunicación audiovisual. “Andalucía adopta un conjunto de iniciativas que la legislación española debería incorporar como de obligado cumplimiento por parte de los prestadores de ámbito estatal para garantizar una efectiva protección de la ciudadanía, especialmente, de los colectivos vulnerables”, ha destacado Fernández en su comparecencia para exponer las aportaciones del Consejo al Proyecto de Ley Audiovisual que se tramita en la Cámara autonómica.

Fernández ha iniciado su intervención ante la Comisión de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática destacando las iniciativas previstas para acabar con las televisiones pirata que representan más de la mitad de las emisiones de TDT captadas en Andalucía, según el último informe del Consejo. Estas se centran en reforzar las potestades y las facultades de la inspección y en prohibir la publicidad, tanto la comercial privada como la institucional de la Junta, y las campañas de publicidad subvencionadas mayoritariamente con fondos de la administración autonómica. La presidenta del CAA ha manifestado su extrañeza ante el hecho de que el proyecto de ley no establezca la misma prohibición para las entidades locales.

Asimismo, ha advertido de que para que el CAA pueda hacer un seguimiento de las emisiones de publicidad de estos canales sin licencia y sancionarlas, será necesario modificar la Ley de Creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, pues carece de competencias sobre prestadores sin título habilitante, además de dotarle de los medios materiales necesarios para esta tarea. A estas iniciativas, la presidenta del CAA ha propuesto la posibilidad de imponer sanciones a las empresas distribuidoras de señal que den soporte a las emisiones de prestadores de servicios de televisión y radio que no cuenten con licencia de emisión.

Fernández ha destacado también como algo "necesario y urgente" regular todo lo relativo a las plataformas de distribución de videos y de servicios de comunicación audiovisual que a través de internet. "La nueva era digital ha supuesto la aparición de nuevos sistemas de consumo que hay que abordar en el plano regulatorio, de la misma forma que se hace con las televisiones y radios", ha recalcado.

Así, ha recordado que el rigor con el que se trabaja desde el CAA para evitar la difusión de determinados contenidos en televisión que son perjudiciales para los menores y otros colectivos de especial protección chocan con la incapacidad normativa para evitar que contenidos de esa misma naturaleza se distribuyan por internet a través de plataformas de uso y consumo masivo por parte de estos. En Andalucía, el 75% de los menores a partir de 13 años de edad disponen de un teléfono móvil con conexión a internet, un porcentaje que se eleva prácticamente al 100% de los menores de 17 años de edad, según los datos del Barómetro Audiovisual de Andalucía, ha recordado Fernández.

"Es necesario poner fin a esta incoherencia que impide alcanzar los objetivos que establecen las leyes, y de ahí que me atreva a plantearlo en esta Comisión, dado que actualmente se encuentra en tramitación en el Parlamento Europeo la modificación de la Directiva sobre Servicios de Comunicación Audiovisual que ya recoge preceptos en este sentido", ha incidido.

Medidas encaminadas a la protección de colectivos vulnerables

La presidenta del CAA ha considerado acertadas las medidas encaminadas al refuerzo de la protección de colectivos vulnerables, al establecer niveles cualitativos más exigentes de accesibilidad a las televisiones para atender las necesidades de las personas con discapacidad auditiva y visual, la obligación de indicar la idoneidad de los programas para menores de edad o ampliar las franjas de horario protegido.

En este sentido, ha destacado dos iniciativas contenidas en el proyecto de ley y que el CAA ha venido reclamando de forma insistente en sus informes y decisiones: la prohibición de la publicidad de juegos y apuestas en horario protegido, y la obligación de separar la publicidad del resto de contenidos, de gran repercusión en la radio.

En el primer caso, la presidenta del Consejo ha recordado que el 44,8% de las personas con problemas de ludopatía en España ha jugado antes de los 18 años, y que uno de cada diez menores de entre 14 y 18 años reconoce haber apostado dinero online. En el segundo caso, ha señalado que en la radio los mensajes publicitarios se insertan en el discurso narrativo de los locutores, confundidos con la información, como han demostrado los informes del CAA relativos a la publicidad del juego y apuestas a través de internet.

Un régimen sancionador más eficaz y adecuado al tamaño de los operadores

También se ha felicitado de la tipificación como infracción grave la emisión de contenidos y publicidad que transmitan estereotipos de género que favorezcan la desigualdad entre hombres y mujeres. En este punto, ha destacado asimismo que el proyecto de ley prevea como infracción grave el incumplimiento de las instrucciones y decisiones del CAA. Esta tipificación servirá, ha dicho, para reforzar la eficiencia de las acciones del Consejo, sobre todo a la hora de combatir la publicidad sexista y los contenidos discriminatorios.

Otra de las medidas acertadas, según la presidenta del CAA, está relacionada con las novedades introducidas en las cuantías previstas en el régimen sancionador, más reducidas a las establecidas en la ley estatal y que se ajustan mejor a la realidad del sector, en el que abundan prestadores locales que son microempresas.

Más competencias para el CAA

Entre las propuestas realizadas por Emelina Fernández para su consideración por parte del Parlamento se encuentra la competencia en cuanto a la concesión, renovación, transmisión y extinción de licencias de prestadores de radio y televisión, para asimilarla a los modelos regulatorios de nuestro entorno europeo, y al de otras Comunidades Autónomas, en los que estas atribuciones recaen en las autoridades audiovisuales independientes.

También se ha referido la presidenta del Consejo a la desaparición en el texto propuesto de la mención expresa a los principios de pluralismo político, social,  religioso, cultural, de objetividad y veracidad, que figuran en la Ley actual de creación del CAA, como principios por cuyo cumplimiento debe velar especialmente el Consejo Audiovisual. Unos principios que se encuentran englobados en los “derechos, libertades y valores constitucionales estatutarios”, por cuyo respeto debe velar el Consejo, según la nueva redacción propuesta.

Sin embargo, Fernández ha considerado que los principios suprimidos del texto son cruciales para su cumplimiento por parte de los medios de comunicación, por lo que estima que deberían volver a figurar expresamente en el texto de la futura ley.

También ha defendido ampliar las competencias del CAA para el control de la obligación que se establece en el proyecto de ley a los prestadores de difusión de producciones o coproducciones que difundan la cultura andaluza, y cuyo seguimiento no se encomienda al Consejo Audiovisual a pesar de que se trata de contenidos: el ámbito material de las competencias del CAA.  

Emelina Fernández ha apostado asimismo por incluir entre las funciones del Consejo la de promover la alfabetización mediática para cumplir con el objetivo de velar por esta disciplina en el ámbito audiovisual.

Por último, ha considerado necesario ir más allá en lo establecido en la legislación vigente y en el proyecto de Ley Audiovisual sobre los contenidos del contrato programa de la RTVA. Actualmente el CAA informa sobre el mismo, sin embargo, no está prevista la realización de un informe similar sobre los contrato-programa que obligatoriamente tienen que hacer determinados prestadores públicos locales. En este sentido, la presidenta del CAA aboga por la conveniencia de que el Consejo informara igualmente sobre la ejecución de todos los contrato-programas de los medios públicos.

Ámbito de actuación geográfico: Autonómico
Sector: Público