Martes 31 de Octubre del 2017

La consejera del CAA Carmen Morillo aboga por reformas legislativas para proteger mejor los derechos de los ciudadanos frente a los medios

La consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) Carmen Morillo considera que es perentorio que España adopte un modelo de regulación que proteja el derecho constitucional de los ciudadanos a la información y de acceso a los medios de comunicación audiovisuales, cuestiones trascendentales en una sociedad democrática.  En su intervención en el congreso  El derecho de acceso a los medios: legislación, participación ciudadana y autorregulación, celebrado en Valencia, planteó que la legislación española tiene el desafío de implantar un sistema de autorregulación y corregulación eficaz.

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Carmen Morillo, durante su intervención

Morillo explicó que la política regulatoria en España ha consistido básicamente en incentivar una autorregulación que el sector nunca se ha tomado en serio, renunciando a exigir a los medios públicos y privados el cumplimiento de códigos que son de aplicación voluntaria, y a la creación de una autoridad reguladora que proteja derechos tan básicos como el pluralismo, la imparcialidad informativa y el acceso a los medios públicos, obligados a reflejar en su programación la pluralidad social, ideológica, política, social y cultural.

 

            El Consejo Audiovisual de Andalucía se ha visto así ante el reto de desarrollar sus funciones con un marco legislativo que presenta múltiples lagunas y carencias en aspectos fundamentales vinculados al derecho a la información, de acceso y de participación. La consejera relató que para realizar su trabajo, el CAA ha debido aprobar criterios e indicadores que tienen como objetivo asegurar que se respetan principios fundamentales como el pluralismo político,  la imparcialidad y el rigor informativos, cuestiones escasamente desarrolladas también a través de la autorregulación.

           Carmen Morillo se refirió también al derecho de acceso y participación de colectivos necesitados de una especial protección, como las personas con discapacidad recogidos en el artículo 8 de la Ley General de Comunicación Audiovisual. De acuerdo a esta legislación, los prestadores del servicio de comunicación audiovisual “procurarán” que su aparición en la programación sea proporcional al peso y a la participación de estas personas en el conjunto de la sociedad. Según la consejera, el uso del verbo “procurar” convierte en voluntario el cumplimiento de esta norma y, en la práctica, el colectivo está excluido de la programación, como ya ha puesto de manifiesto en CAA en el análisis de la información deportiva.

            También recordó que la necesidad de una mayor regulación de los medios es una demanda ciudadana, pues así lo considera el 70% de la población andaluza, según recoge el último Barómetro Audiovisual de Andalucía que realiza el Consejo.